Obtener datos oficiales de Trànsit es todo un reto. El servicio tiene la costumbre de no compartir información, y no sirve de mucho recurrir a la GAIP (Comisisió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública) para que garantice el derecho de acceso a la información pública. En Trànsit están decididos a dar los datos con cuentagotas, de forma incompleta, o directamente fingir que no los tienen, cuando en palabras de su directora “elaboran memorias cada año rigurosamente”.
Mi petición se centró en el control de su trabajo. Sería de sentido común que Trànsit fuera cuidadosamente supervisado, dado que se trata de un modelo pionero y que trabajan con pacientes vulnerables, muchos de ellos menores. En teoría, el nuevo modelo ordenaba la creación de una comisión de seguimiento para supervisar el despliegue de Trànsit por toda Cataluña y evaluar la calidad del servicio, así que pedí las actas de las reuniones. Quería saber cómo se había valorado, quién lo había hecho y a qué conclusiones habían llegado. Cuatro meses después recibí un pdf de 10 páginas, el resultado de cinco años de supervisión (disponible aquí).
En principio, la comisión debía reunirse “como mínimo, una vez cada semestre”. Durante el período de despliegue, que todavía dura, debía ser al menos una vez cada tres meses. Sin embargo, desde la aprobación del modelo en 2017 ha habido sólo tres reuniones: una en 2018 y dos en 2019. Ninguna en 2020, 2021 ni 2022, a pesar de que en 2021 el número de pacientes aumentó un 40%.
Pero lo más grave es la ausencia de supervisión médica. Originalmente la comisión incluía a representantes del CatSalut, de la administración, de la plataforma Transforma la Salut y tres profesionales de la medicina: Jordi Reviriego, médico de familia de Trànsit desde 2015, Marta Murillo Vallés, endocrinóloga infantil, y Montserrat Pàmias, psiquiatra especializada en infancia y adolescencia, y representante de la Sociedad Catalana de Psiquiatría Infantojuvenil que entonces presidía.
En la primera reunión, en enero de 2018, los representantes de la plataforma se mostraron contrarios a la presencia de médicos en la comisión, porque “las personas trans requieren atención hospitalaria solo para las cirugías.” Les pareció especialmente grave la presencia de la psiquiatra. La Dra. Pàmias aclaró que la Sociedad Catalana de Psiquiatría Infantojuvenil también incluye a profesionales de la psicología clínica, no solo de psiquiatría. También destacó la importancia de contar con el aval de la organización en un servicio que ofrece atención psicológica a menores de edad, y pidió que no se estigmatice la salud mental. A pesar de todo, los representantes de la Plataforma mantuvieron su desacuerdo y abandonaron la reunión hasta que sus demandas fueran escuchadas.
La segunda reunión no se produjo hasta un año más tarde, en febrero de 2019. El acta informa brevemente que “dejan de formar parte de la comisión los tres representantes de los profesionales clínicos, de las sociedades científicas y de los colegios profesionales”, sin dar ninguna explicación. Para no excluirlos completamente, se les permite participar en grupos de trabajo que se organizarán en el futuro “para profundizar en aquellos aspectos que generen más debate.” Si bien es cierto que Reviriego tenía un conflicto de intereses para evaluar a Trànsit por ser su lugar de trabajo, es preocupante que una organización de activistas pueda vetar la presencia de médicos en una comisión médica. Por otro lado, Rosa Almirall ayudó a fundar Transforma la Salut gracias a su cercanía al activismo trans. La directora de Trànsit podría haber influido en el veto a la supervisión médica de su servicio.
A continuación se acuerda formar un grupo de trabajo para tratar en profundidad la atención en la infancia y adolescencia, uno de los puntos más controvertidos de Trànsit. Se pide a los asistentes que propongan especialistas para este grupo, cuando en la misma reunión se expulsó a dos expertas en el tema. Al acabar la tercera reunión, en junio de 2019, todavía no se había creado ningún grupo de trabajo, por lo que ningún médico ni representante de sociedades científicas ha podido participar en el seguimiento de Trànsit. El modelo también dice que “será necesario que está comisión elabore un documento de evaluación de la implantación del nuevo modelo en un término no superior a un año desde la aprobación desde documento”, pero ninguna de las tres actas habla de este documento. Nada hace pensar que lo hayan hecho.
Vale la pena mencionar que en ningún momento se le ha dado a la plataforma el papel de interlocutores oficiales de la comunidad trans. El modelo solo dice que “es fundamental la participación de personas trans o familiares, en el caso de infantes y jóvenes”, pero esta participación podría hacerse de otra manera. Es el CatSalut quien los ha elegido como representantes, ignorando que se trata de un tema muy polémico sobre el que existen multitud de opiniones. Sin médicos ni representantes de las sociedades científicas, parece que la comisión solo sirve para que Transforma la Salut pueda negociar el despliegue territorial de Trànsit y la evolución del modelo de atención, y que el Departament está más que dispuesto a escuchar sus demandas.