Trànsit (I): Rosa Almirall, la emperatriz del mundo transexual

“Y me dice: “¿las personas como yo cuándo se cortan el pene?” Y le digo, uy, yo he conocido a muchas, y hay quien se lo ha cortado a los 70, hay quien se lo ha cortado a los 30, pero la más jovencita a los 18. Y ponía una cara de tristeza, pobre, tremendo. Y le dije: mira, no te preocupes, si quieres lo cortamos ahora mismo. O sea, ningún problema, lo cortamos ahora mismo. No se lo decimos a nadie, yo cojo un poquito de anestesia y lo cortamos. Pero, ¿qué conseguiríamos cortando este pene? Porque yo creo que tú no quieres solo cortar el pene, tú quieres que aquí también haya una vulva. Y claro, si cortamos el pene no habrá vulva ahora, pero es que no habrá vulva nunca. Y le dije: es que a este pene lo tienes que querer mucho. Por mucho que te moleste en este momento, lo tienes que querer mucho, porque solo si quieres a este pene y lo dejas desarrollar podremos hacer de este pene una vagina de la que disfrutes, si quieres disfrutar. “

Rosa Almirall es ginecóloga de formación. Desde 2012 dirige el servicio Trànsit, que depende del Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña. Trànsit cuenta con 6 consultas repartidas en las 4 provincias de la comunidad autónoma, donde ofrece acompañamiento para las personas trans. Este acompañamiento se materializa en recetas de preparados hormonales, informes necesarios para el cambio de sexo legal, atención psicológica y asesoramiento para cirugías. Por un lado, apenas hay información pública sobre el funcionamiento de Trànsit. Por el otro, su fundadora suele hablar ampliamente sobre su historia y metodología. La imagen que resulta de juntar ambas partes es la de una consulta médica en la que la ciencia ha sido desplazada por el activismo, cuya directora cree estar embarcada en una lucha moral contra lo que ella denomina “la policía de género”, gesta por la que algunos la llaman la emperatriz del mundo transexual. El episodio arriba descrito fue narrado por la misma Almirall en el documental “Families trans. Construccions identitaries”, de Mar C. Llop, y se refiere a un paciente de 5 años de edad.

Los documentos oficiales no aportan ninguna razón médica para convertir a Trànsit en el servicio de referencia. No citan encuestas, estadísticas, estudios científicos ni ningún otro dato, más que el mandato de la Ley Trans catalana de despatologizar la condición trans. Rosa Almirall admite que ella misma pidió a organizaciones de activistas trans que presionaran al gobierno autonómico para que sustituyera a la Unidad de Identidad de Género (UIG) del Hospital Clínico por el servicio que ella dirige. Esta negligencia es aun más grave en el caso de Trànsit , ya que el modelo de atención que siguen no se aplica en ningún otro país europeo. Por su trabajo al frente de Trànsit, la ginecóloga fue nombrada emprendedora social por la fundación Ashoka en 2020, y recibió la medalla al trabajo President Macià en 2021.

En este primer post recorreré la historia de Trànsit, como pasó de ser un servicio alegal con dos trabajadoras voluntarias, a tener una consulta en cada provincia y atender a miles de pacientes. En el siguiente, voy a centrarme en la medicina, la manera de operar de Trànsit y a qué población atienden.

El inicio alegal

Trànsit comenzó cuando Almirall era directora de ginecología de atención primaria en Barcelona. Dos personas trans la contactaron para quejarse de una situación de discriminación en el servicio de ginecología que dirigía, lo que la llevó a acercarse al transactivismo con la intención de conocer mejor una realidad que hasta entonces le era ajena. El aprendizaje se vio favorecido por sus circunstancias personales. “Yo tengo un choque profesional importante porque se me acusa de acoso de una compañera del servicio, y se me desplaza mientras se hace la investigación. Y bueno, eso me dio muchas horas.”, cuenta en una de las muchas charlas que ha dado. Fue en estas horas libres, mientras duraba la investigación, que empezó a informarse sobre la salud de las personas trans. Finalmente, Trànsit dio el pistoletazo de salida el 20 de octubre de 2012. Almirall fue invitada a una jornada por la despatologización de la mano del activista Miquel Missé, y fue allí donde anunciaron por primera vez la apertura del servicio.

En un principio, Trànsit solo contaba con ella y una comadrona voluntaria que trabajaban desde en una consulta en el CAP Mansó de Barcelona. El objetivo era brindar atención ginecológica a las personas trans que no se sintieran cómodas con su médico habitual. La doctora reconoce que en los primeros años Trànsit funcionó de forma alegal, dado que el servicio oficial para las personas trans era la UIG, en el Hospital Clínico, pero que colaboraban para ofrecer servicios complementarios. A medida que se corría la voz del nuevo servicio, Trànsit empezó a recibir cada vez más pacientes que pedían recetas para iniciar tratamientos hormonales o ajustar las dosis. Fue entonces cuando Almirall decidió dar un giro de timón y ofrecer un servicio de acompañamiento integral que cubriera todas las necesidades de las personas trans, incluyendo tratamientos hormonales. Sin embargo, según una de las primeras personas atendidas en Trànsit, ya en noviembre de 2012 Almirall estaba recetando hormonas. Esto quiere decir que, en menos de dos meses, Trànsit pasó de ser un servicio de ginecología y acompañamiento a recetar y ajustar tratamientos hormonales.

Como cuenta en una clase en la Universidad de Verano de Maspalomas, el reto no la intimidaba. “De hormonas femeninas, por ser ginecóloga, sé un montón. De antiandrógenos sé un montón. Pero de testosterona yo no tenía ni idea. Entonces empiezo a estudiar y empiezo a plantearme, porque incluso había gente que me decía “pero, ¿es legal que tú des testosterona?” Pero, ¿qué ley pone que un médico no puede dar testosterona?” Aun así, reconocía que su trabajo en Trànsit era cuestionable, ya que cada pocos meses necesitaba replantearse la legalidad de sus acciones. “Las demandas de cada persona que viene son distintas, y muchas de las cosas no están escritas si se pueden hacer o no”, añadía en la misma charla. Sin embargo, esto no le impidió recetar hormonas sin ningún tipo de evaluación previa. “Yo doy hormonas sin pasar por el psicólogo, sin pasar por el psiquiatra. ¿Las quieres ya? Las quieres ya. ¿Quieres un ritmo lento? Lento. A mí los que pienses de tus genitales me interesa como persona, pero no me interesa para decidir nada”.

La lucha por la normalización

La noticia de que Almirall estaba recetando hormonas llevó a un choque con la UIG. El servicio del Hospital Clínico decidió romper su colaboración con Trànsit y denunciarlos ante del Departament de Salut. Sin embargo, Trànsit siguió funcionando con normalidad, y Almirall pidió apoyo al Departament para ampliarlo debido al gran número de pacientes que recibían. “Intentábamos poner sobre la mesa la necesidad de normalizar, de legalizar y de dar medios a Trànsit como a otra unidad de referencia, pero esto no es escuchado”, cuenta Soraya Vega, psicóloga de Trànsit que actualmente se hace llamar Sore y se identifica como no binaria, durante una charla en el País Vasco. Según ella, el Departament no solo les negó la ampliación, sino que les recomendó “no meter demasiado ruido”, bajo amenaza de cerrar el servicio. Fue entonces cuando decidieron recurrir al Ayuntamiento de Barcelona, donde creían que la afinidad política con Ada Colau podría jugar a su favor.

Sus plegarias fueron escuchadas. En 2016, el Ayuntamiento encargó un informe sobre la salud de las personas trans, que fue coordinado por Cristina Garaizabal, una de las fundadoras del colectivo regulacionista de la prostitución Hetaira, y tanto Almirall como Vega participaron en su redacción. El documento refleja fielmente la visión de sus autoras sobre las ventajas de Trànsit y las deficiencias de la UIG. La conclusión es que el modelo “no patologizador” de Trànsit es más respetuoso que el modelo de la UIG, basado en el protocolo holandés. La comparación de los dos servicios no incluye ninguna evidencia de que los pacientes se beneficien más de uno que de otro. En cambio, la necesidad de cambiar el modelo se apoya en testimonios de pacientes y padres de pacientes que se han sentido discriminados por la UIG. Algunos de ellos manifiestan su descontento por las precauciones del protocolo, que requiere realizar una evaluación psicológica o esperar a que los menores hayan alcanzado cierta edad antes de administrar bloqueadores de la pubertad:

“no voy a llevarle a un sitio donde lo primero que hacen es hacerle entender que no es normal o que necesita ayuda psicológica. (…) Pedimos que nuestros hijos tengan un lugar al que acudir donde se respete su forma de ser sin hacerles pasar test ridículos.”

“nos dijeron que nuestro hijo [de 7 años] sufría disforia de género. Nosotros no estábamos de acuerdo y le dijimos que no veíamos esta disforia sino al contrario euforia – nuestro hijo es feliz y se encuentra sano. (…) En el Clínic se nos ha dicho que a nuestro hijo le tiene que venir la regla y crecer los pechos aunque él no quiera ya que dicen, basándose en estudios, que es posible que nuestro hijo vuelva a sentirse niña. No facilitarán ningún bloqueador [de la pubertad] sin haber llegado a la pubertad. (…) Sinceramente, hemos sentido como que ellos con sus batas blancas parecen jueces de género y deben determinar el sexo de nuestro hijo. Pero, quien mejor que él para saber su identidad? Mejor que él no lo sabe nadie.”

Por otro lado, la única evidencia a favor de Trànsit son las muestras de agradecimiento de 16 personas, breves mensajes cargados de afecto por Almirall, pero que en ningún momento hacen referencia al tratamiento o al estado de salud del paciente.

A finales de 2015 nace la Plataforma Transforma la Salut, impulsada principalmente por dos colectivos de Barcelona, Generem y En Femme. Esta tiene como objetivo presionar a la Generalitat para cambiar el paradigma de atención a las personas trans, adoptando las demandas recogidas en el informe. En mayo la plataforma se reúne con el Departament de Salut de la Generalitat, durante el verano presentan una queja oficial y una propuesta en el síndic de Greuges con el apoyo de la abogada Laia Serra, y en octubre el gobierno autonómico anuncia un nuevo modelo de atención con un presupuesto de 285.000€. A partir de entonces todo fue rodado, cuenta Nac Bremón, miembro de Transforma, “no ha habido ningún tipo de problemas en este sentido, y claro, en la primera reunión que llegamos nos decían “sí, sí, claro” a todo”. En 2017, el Departament publicó un documento oficial describiendo el modelo de atención y el protocolo clínico para implementarlo. En la clase de Maspalomas, Almirall dice que el “cambio de color” del Departament de Salut fue importante para la normalización de Trànsit. Con esto se refiere a las elecciones catalanas de Setiembre de 2015, cuando Junts per Catalunya obtuvo mayoría y la Conselleria de Salut pasó a manos de Toni Comín.

En solo 6 meses, de abril a octubre de 2016, se constató que la atención a las personas trans era deficiente, se creo una plataforma ciudadana para atajar el problema, y se logró un cambio político con presupuesto. Y, todo esto, sin aportar ninguna evidencia sobre los problemas de salud de las personas trans, ni sobre las supuestas mejoras que propone Trànsit, lo que sugiere que las decisiones no se tomaron siguiendo criterios médicos. En la exposición de motivos de la instrucción del Departament que designa a Trànsit como el servicio de referencia para las personas trans de Cataluña, se explica que el cambio de modelo es necesario para cumplir con la ley trans catalana de 2014, que dictamina que no se debe tratar la condición trans como una patología. No solo eso, sino que Almirall reconoce en una entrevista que fue ella quien contactó a los colectivos trans para que crearan la plataforma Transforma la Salut.

La Kasa Trans

El modelo de atención de Trànsit se extendió más allá de Cataluña en 2020, cuando Almirall fundó la asociación Kasa Trans. Aunque en teoría son entidades independientes, 3 de las 4 personas que forman la asociación trabajan en Trànsit. De igual forma, Kasa Trans se centra en el acompañamiento a las personas trans y en la formación a profesionales, esta vez desde el ámbito privado. El acompañamiento se vende en forma de packs de contacto por e-mail (5 e-mails por 30€) o video-consulta (60 minutos por 60€), y aconsejan contratar dos packs si es la primera vez. También ofrecen diferentes packs de formación para el público general, el ámbito educativo o sanitario, y para empresas y administraciones, siguiendo la estela de organizaciones como Stonewall en el Reino Unido o RSFL en Suecia, que han obtenido grandes beneficios vendiendo cursos y certificados de igualdad LGBT.

En su blog de Kasa Trans, la ginecóloga escribe sobre una amplia variedad de temas, desde los tratamientos hormonales hasta como hablar de identidad de género con tu familia. En un artículo sobre operaciones para extraer el útero y los ovarios, Almirall propone los vientres de alquiler como una opción viable para aquellas mujeres que se sometan a una histerectomía como parte de su transición. “El derecho a la reproducción es un derecho humano que te permite poder decidir libremente si quieres o no reproducirte.”, dice en el post, para luego añadir que “Podrás reproducirte en otro cuerpo gestante con capacidad de gestar”.

Al amparo de la ley trans

Es probable que, de no existir la ley trans catalana de 2014, Trànsit no hubiera pasado de su etapa alegal en el CAP Mansó. Tanto la instrucción del Departament como el documento oficial que describe el modelo se apoyan en la norma para justificar el cambio. Trànsit tenía que convertirse en el servicio de referencia para despatologizar “el hecho trans”, sin explicar nunca cómo ayuda la despatologización a sus pacientes. La necesidad de despatologizar, de facilitar el acceso a tratamientos hormonales y al cambio de sexo registral son demandas hechas por los colectivos de transactivistas, pero apenas hay evidencia de que estas medidas sean efectivas. La ley trans de Irene Montero también pretende instaurar la despatologización, y no parece que tenga mejores argumentos que en Cataluña. Si la ley llega a aprobarse, podríamos acabar con la implantación del modelo Trànsit en todas las comunidades autónomas.